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Confecomunica 2005 Flash Confecomunica No. 344 - Leyes sancionadas PROMULGADAS LEY ANTITRÁMITES, ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONISTAS Y MERCADO PÚBLICO DE VALORES

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Flash Confecomunica No. 344 - Leyes sancionadas PROMULGADAS LEY ANTITRÁMITES, ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONISTAS Y MERCADO PÚBLICO DE VALORES

 

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12 de Julio de 2005
No. 344

 

 

Leyes sancionadas

PROMULGADAS LEY ANTITRÁMITES, ESTABILIDAD JURÍDICA PARA INVERSIONISTAS Y MERCADO PÚBLICO DE VALORES

El Presidente de la República sancionó el pasado 8 de julio tres leyes de interés para el desarrollo económico del país.

La primera de ellas es la 962 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”, con la que se pretende aumentar la eficiencia del Estado recortando cerca de 80 trámites y reduciendo el tiempo en otros. La Ley busca dar mayor celeridad, economía, eficacia e imparcialidad en los trámites actualmente establecidos.

Con esta norma se acaban entre otros, las presentaciones personales para probar supervivencia, el uso de sellos para actuaciones ante las entidades públicas salvo precisas excepciones y las autenticaciones de documentos privados que se requieran para trámites públicos y se crea el Número Único de Identificación Personal – Nuip.

Así mismo, todas las entidades del Estado están en la obligación de suministrar información a través de cualquier medio sobre las normas básicas que determinan su competencia, sus funciones, los servicios que presta, los trámites ante la entidad, localización, horarios de trabajo y atención al público, cargo y nombre a quien se debe dirigir para interponer alguna queja.

La segunda ley es la 963 de 2005 “por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia” así, el Estado colombiano garantizará mediante los contratos de estabilidad jurídica que suscriban los inversionistas que si durante su vigencia se modifica en forma adversa a estos alguna de las normas que haya sido identificada en los contratos como determinante de la inversión, los inversionistas tendrán derecho a que se les continúen aplicando dichas normas por el término de duración del contrato respectivo. Podrán ser parte en los contratos de estabilidad jurídica los inversionistas nacionales y extranjeros, sean ellos personas naturales o jurídicas, así como los consorcios, que realicen inversiones nuevas o amplíen las existentes en el territorio nacional.

Los contratos de estabilidad jurídica empezarán a regir desde su firma y permanecerán vigentes durante el término de duración establecido en el contrato, el cual no podrá ser inferior a tres años ni superior a veinte, los cuales deberán registrarse ante el Departamento Nacional de Planeación, entidad que informará anualmente al Congreso de la República sobre los contratos celebrados, las normas por estos amparadas, los montos de la inversión protegida y el efecto fiscal anual derivado de estos contratos.

Estarán excluidos de este beneficio las normas relativas al régimen de seguridad social; la obligación de declarar y pagar los tributos o inversiones forzosas que el Gobierno Nacional decrete bajo estados de excepción; los impuestos indirectos; la regulación prudencial del sector financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos así como tampoco podrá recaer sobre normas declaradas inconstitucionales o ilegales por los tribunales judiciales colombianos durante el término de duración de los contratos.

La última de las normas sancionadas y de interés directo para el sector es la 964 de 2005 “por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones”, la cual antes de convertirse en Ley de la República habíamos comentado en diferentes flash informativos.

Esta Ley que tiene como uno de sus objetivos la democratización del mercado de valores, faculta al Gobierno Nacional a intervenir en estas actividades conforme a los objetivos y criterios previstos en su articulado determinando así los casos en los cuales, por vía de decreto reglamentario, las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria (entre ellas las cooperativas financieras) podrán realizar nuevas actividades de intermediación y cuando, las vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria podrán ser autorizadas para efectuar estas actividades de intermediación, sin perjuicio de la realización de las operaciones conexas a su objeto social.

Así entonces, con la expedición de esta nueva norma, se amplía el tipo de operaciones que la ley autoriza a las cooperativas, las cuales podrán realizar con base en la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional y de la cual estará muy atenta la Confederación para darla a conocer oportunamente.

Por considerarlo de interés para el sector se adjunta el texto completo de las Leyes 962, 963 y 964 del 8 de julio de 2005.